Desproteger a la mujer en nombre del feminismo
El pasado jueves, el Parlamento de la Comunidad Valenciana decidió celebrar el reciente Día Internacional de la Mujer derogando una ley que ofrecía información y apoyo a las embarazadas que quisieran llevar adelante su embarazo. Los partidos que dieron su voto para revocarla (el tripartito gobernante: PSOE, Compromís y Podemos, más Ciudadanos, que se abstuvo) justificaron su decisión en que el texto “estaba lleno de ideología”, “trataba a las mujeres como menores de edad”, e “interfería en su libre decisión”.
Seguramente, tales acusaciones estaban encaminadas a evitar al ciudadano común la molestia de enfrentarse por sí mismo a una norma tan retrógrada. No obstante, para quien haya desconfiado de las precauciones de los parlamentarios y de su “neutralidad ideológica”, o simplemente quiera formarse un juicio propio, el Boletín Oficial del Estado ofrece el texto de la ley.
Allí se podrá comprobar que la norma, fruto de una iniciativa legislativa popular (cfr. Aceprensa, 3-1-2011), es fundamentalmente un conjunto de medidas destinadas a que las mujeres embarazadas que lo soliciten puedan recibir información adecuada y trasversal –sanitaria, familiar, jurídica, laboral– sobre las ayudas a las que tienen derecho si deciden tener al hijo. Es decir, para que la ley entre en acción hace falta, en primer lugar, que la madre quiera llevar adelante la gestación, y que quiera recibir información. No parece, sin embargo, que esta doble manifestación de la voluntad de la mujer sea suficiente para bajar a los parlamentarios del burro de que la norma “interfiere en su libre decisión”.
Resulta difícil oponerse a cualquiera de las medidas impulsadas por la ley: crear centros de atención a la maternidad en los hospitales, y equipos itinerantes que puedan atender a las mujeres en su domicilio; habilitar un teléfono gratuito de información; dar prioridad en las ayudas a aquellas gestantes con especial riesgo de exclusión social; proporcionar a las menores de edad embarazadas apoyo psicológico antes y después del parto, módulos de educación en la maternidad y formación afectivo-sexual, además de una renta incondicionada; garantizar el acceso a la información a las mujeres inmigrantes, sea cual sea su situación jurídica.
¿Cuál es, entonces, el pecado de la ley? Aunque ninguno de los políticos lo ha señalado, seguramente tiene que ver con la utilización de algunas expresiones peligrosamente provida, como “vida en desarrollo”, y “desde el momento de la concepción”. Esto, ya se sabe, choca con el ortodoxo credo abortista, que de manera clara y científicamente comprobable establece que la vida comienza… cuando la madre lo desea.
Las creencias, la ideología, son importantes, y estos parlamentarios tienen derecho, faltaría más, a basarse en ellas para derogar la ley. Lo que resulta un poco incoherente es que el argumento para hacerlo sea tacharla de ideológica.
