El Estado francés ha tenido que multarse a sí mismo. Por no haber alcanzado el mínimo fijado de nuevas incorporaciones de mujeres a los cuadros directivos de la administración pública, el Ministerio de Justicia tendrá que pagar 60.000 euros de sanción, y el de Defensa, 120.000. También han sido castigadas tres entidades territoriales, con 240.000 euros.

La llamada ley Sauvadet, de 2012, exige que el 40% de las promociones al nivel superior de la función pública se reserven a mujeres (o a hombres, si son ellos los que están en minoría, cosa que no se da). En 2013, la proporción fue del 32%, y en 2016 subió al 35%, aún por debajo de la cuota mandada. El calendario de aplicación progresiva de la ley ya no concede más gracia, y en un año las administraciones tendrán que cubrir los cinco puntos que quedan hasta el 40%, o sea, casi el doble de lo que han ganado en el triple de tiempo. Y la cuantía de la multa por no cumplir aumentará un 50%.

No es que la administración pública francesa sea un reducto masculino. El funcionariado tiene una amplia mayoría de mujeres: el 62%. Pero no en el nivel superior. Y ahí la desigualdad no es tanto por el sexo cuanto por la maternidad.

Los puestos bajos y medios de la administración permiten, en general, atender bastante bien las obligaciones familiares, mejor que los empleos de categorías equivalentes en el sector privado. En cambio, los altos cuadros de la función pública se ven sometidos a jornadas muy largas y frecuentes cambios de destino; además, para llegar arriba hay que hacer méritos entre los treinta y los cuarenta años. Todo ello deja en desventaja a las madres (también, aunque no en tan gran medida, a los padres; pero en el caso de ellos está más aceptado que no logren conciliar familia y vida laboral).

La socióloga Sophie Pochic, coautora de un libro sobre el tema, dice en Le Monde: “Hay que convertirse en monja o fraile del Estado para acceder a las responsabilidades más altas”. Si lo que se pide, de hecho, es gente sin familia o con familia descuidada, parece claro que la cuota femenina no basta porque no ataca la raíz del problema. Mientras la organización del trabajo no se acomode bien a las necesidades de las madres, ni siquiera en la Administración pública y por mandato de la ley se consigue la igualdad. De hecho, para las madres no hay cuota.

Para facilitar que los españoles concilien profesión y familia, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha propuesto estudiar cambiar los horarios. Por una parte, sugiere que la jornada termine a las 6 de la tarde, por regla general; por otra, que la hora oficial vuelva al huso que le corresponde.

Lo primero podría hacerse sin lo segundo: al fin y al cabo, también Francia y el Benelux están en el huso horario de Greenwich pero llevan la hora del siguiente, el de Berlín. Sin embargo, el cambio de huso y el de horarios de trabajo están relacionados. España nota más el desfase, pues está en su mayor parte al oeste del meridiano 0; por eso, llevar la hora del huso +1 (en Canarias, la del huso 0 en vez la del huso –1), supone que el sol sale y se pone notablemente tarde, lo que no invita a madrugar y favorece la vida nocturna. Es como tener horario de verano todo el año, y en verano, más todavía.

De hecho, el cambio de huso en España, en marzo de 1940, iba a ser un simple paso a la hora de verano, como en años anteriores, explica Pere Planesas en un estudio de 2013. El decreto que así dispuso decía: “Oportunamente se señalará la fecha en que haya de restablecerse la hora normal”. Pero no se restableció: ni en el otoño siguiente ni en 1941 hubo cambio de hora, y en 1942 se ordenó de nuevo adelantar los relojes, aparentemente sin tener en cuenta que ya estaban adelantados. Y hasta hoy.

¿Y para qué sirve el horario de verano? ¿Para ahorrar energía? En un informe presentado en 1999 por la UE, recuerda Planesas, se estimaba que el cambio de hora suponía un ahorro que en la divisa actual equivaldría a unos 200 millones de euros, o sea, 50 céntimos por persona y año. Los comentarios de los Estados al informe coincidieron en recomendar que se mantuviera la hora de verano más bien por otras razones: porque “favorece la práctica de actividades de ocio aprovechando el alargamiento de las tardes, actividades que no se limitan al fin de semana”.

Así ha sido desde el principio. Como también señala Planesas, el horario de verano es idea del constructor inglés William Willett, que lo propuso en 1907 a fin de que la gente dispusiera de más tiempo para el ocio y para practicar deporte al aire libre.

A la ministra se ha replicado que generalizar el fin de la jornada a las 6 no casa con una economía como la española, en que tienen mucho peso los servicios. Y que si a las 7 los comercios están cerrados y las calles desiertas, como en tantas ciudades europeas, bajará peligrosamente el turismo. Más valdría, dicen, concentrar las horas de trabajo, abandonar la jornada partida por una larga interrupción que fuerza a salir más tarde.

Entonces, si por cambio de horarios o concentración de la jornada, la jornada acaba más temprano, habrá más tiempo para la familia y —no lo olvidemos— para el ocio: hacer compras, tomar unas copas… Pero no terminarán antes de trabajar los empleados de comercios, cafeterías y demás establecimientos abiertos a las horas de ocio de los demás. ¿Y no tienen también ellos que “conciliar”?

Pero, claro, aquí tienen mucho peso los servicios. Una vez oí a un profesor de Economía expresar el mismo dato de manera más gráfica: en España —decía—, si uno es emprendedor, pone un bar, y si es muy emprendedor, pone dos bares.